Muchos de los políticos y empresarios rumanos que cumplen condena se habían acogido a una ley, única en Europa, que proponía la reducción de su pena hasta 30 días por obra publicada.
Esta polémica norma no contemplaba ningún límite de títulos, por lo que todos los presos, independientemente de la naturaleza de su crimen, podían en teoría beneficiarse de esta ventaja penitenciaria.
Al preso sólo se le exigía presentar una solicitud a la administración penitenciaria, con la única condición de que estos libros, de contenido académico o científico pero no literario, fuesen publicados por una editorial reconocida por el Ministerio de Educación.
A las quejas, tanto internas como externas, a esta ley, se han sumado algunos medios de comunicación del país que señalan que los prisioneros pagan a las editoriales por imprimir su trabajo, aunque no se encuentran en ninguna librería.
Un informe elaborado por el Ministerio de Justicia del país incluye más de 150 nombres de presos escritores. Entre ellos están el ex primer ministro Adrian Nastase o el exsenador y magnate de los medios Dan Voiculescu, que firmó 10 obras en 17 meses.
La trama también ha llegado a otras esferas, ya que, para obtener la reducción de pena, un profesor debe aprobar el tema del libro y revisarlo. Por ello, los académicos que dieron el visto bueno y algunas de las casas que los editaron están siendo ahora investigadas.
Uno de los autores que ha admitido que no escribió sus libros es George Becali, dueño del club de fútbol Steaua de Bucarest y antiguo eurodiputado. En su estancia llegó a firmar hasta cinco publicaciones. Al salir de prisión explicó que en realidad los había hecho junto a un profesor: “No tengo el don de la escritura. Él escribe y yo, sin escribir, soy coautor; así puedo reducir 30 días mi condena”.
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